- “No importa cuán noble sea tu propósito, si tus acciones son erráticas, la percepción pública de tus actos será negativa y dañará tu reputación. Actúa siempre con conocimiento para que tus buenas intenciones no se vean empañadas por la duda.” Anónimo.
Por Edison Cadena Ayala*
Quito, Ecuador.- Es diciembre de 2024, Ecuador es sacudido por un trágico incidente que involucró la muerte de cuatro menores de edad en la ciudad de Guayaquil, quienes fueron según versiones e imágenes obtenidas, detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre del 2024, fruto de una denuncia ciudadana, con un terrible desenlace ya que posteriormente fueron encontrados incinerados en una zona pantanosa en un lugar cercano a esta ciudad.
Este caso ha generado una ola de indignación y protestas en todo el país, producto de un “mal procedimiento”, sumada a una ola de desinformación, provocada por cierto sector que no permite aclarar lo sucedido, dejando en el ojo del huracán a los militares, situación que cual hoguera se ha ido avivado con un manejo y oportunismo mediático en un año electoral, propicio para la manipulación y enredos propios de la mal llamada política.
Es muy penoso, pero en un artículo anterior de marzo 2024 (publicada en la edición de abril 2024: “60 días de un nuevo estado de excepción en Ecuador”) me consentía señalar los peligros que conllevan el redundar en los estados de excepción, acción que permite en varios países la participación “legal” de las fuerzas armadas, pero que tras de sí también vienen de la mano, las terribles consecuencias que se presentan ante un desatino u “órdenes mal ejecutadas o mal planificadas” en las cuales se excusan los mandos superiores, cuando actos como estos se presentan.
Lo peor de todo esto es que aún ni se han determinado los niveles de culpabilidad, participación e incumplimiento por parte de estos 16 militares y la prensa en primer lugar, los políticos en segundo y por influjo la sociedad, cual circo romano han decidido bajando el pulgar de manera irresponsable y manipulada, declararlos culpables.
Este tipo de acciones, más allá de la inmediata reacción de diversos actores, movimientos, detractores e incluso implacables gurús setenteros a favor o en contra de la participación de estos elementos uniformados, logran poner en el centro del debate la participación de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana y las posibles violaciones a los derechos humanos.
Siendo la seguridad ciudadana un tema de vital importancia para cualquier sociedad, los estados para su existencia deben apelar a todo lo que esté a su alcance para que a través de los gobiernos de turno sea garantizada a sus mandatarios. Y es aquí cuando se genera este punto de inflexión, ya que, si estos gobiernos se ven desbordados por la delincuencia, la inclusión de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana viene a constituirse como la gran “solución” para combatir el crimen y la violencia.
Uno de los principales argumentos a favor de esta inserción es su capacidad para proporcionar una respuesta rápida y efectiva en estas situaciones de emergencia generando una reducción del crimen de manera temporal, en algunos países como México y Brasil, la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana ha contribuido con el descenso de los índices de criminalidad en áreas altamente conflictivas. Otro de los puntos fuertes tiene que ver con el goce de credibilidad y confianza que cuenta entre la población, lo que le permite a través de su presencia, fortalecer la percepción de seguridad y control por parte del Estado, lo cual de una u otra forma logra disuadir a los criminales.
Pero si miramos a la otra orilla, muchos analistas señalan que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna puede llevar a un aumento en las violaciones a los derechos humanos, debido a un entrenamiento militar que ve al adversario no como una amenaza sino como un enemigo, sumada a la falta de capacitación en varios aspectos y funciones de tipo policial, es que, si te han formado para luchar en una guerra, ¿qué haces cuando esta misión se cambia?
Aquí es cuando se desprende una de las principales críticas, el riesgo de abusos y violaciones a los derechos humanos. En varios casos, la intervención militar ha sido acusada de uso excesivo de la fuerza y falta de rendición de cuentas, donde su constante presencia puede llevar a la militarización de la sociedad, lo cual puede generar desconfianza y miedo entre los ciudadanos.
No sin antes considerar de manera muy importante el hecho de que esta participación de fuerzas armadas, la desvía de su función principal que es la defensa nacional, disminuyendo su capacidad operativa, desgastándolas, permeando sus cimientos y debilitando su razón de ser.
En definitiva, su inclusión en la seguridad ciudadana es un tema complejo y multifacético. Si bien puede ofrecer beneficios en términos de reducción del crimen y refuerzo del control estatal, también presenta riesgos significativos relacionados con la violación de derechos humanos, pero pensados en ambas vías porque tanto militares como civiles debe ser garantizados los unos en su accionar “no impunidad” y los otros en su libertad.
Es por lo tanto crucial que cualquier intervención militar en la seguridad ciudadana se realice con estrictos mecanismos de capacitación, legislación clara, entrenamiento, supervisión y rendición de cuentas para mitigar estos riesgos no permitiendo que se erija como el comodín de solución parche y temporal para que infamemente el gobierno de turno no aborde o ataque de manera decidida las verdaderas causas profundas de la criminalidad y la violencia.
Fuentes consultadas:
[Reducción del Crimen](https://urlfake.com/reduccion-crimen.png)
[Violación de Derechos Humanos](https://urlfake.com/violacion-derechos-humanos.png)
– Pérez, J. (2023). «La Militarización y sus Efectos en la Seguridad Ciudadana». Revista de Estudios Sociales, 45(3), 123-145.
– Gómez, L. (2022). «Derechos Humanos y Fuerzas Armadas». Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos.
– Silva, R. (2021). «Efectividad de las Fuerzas Armadas en la Reducción del Crimen». Instituto de Estudios Estratégicos, 78(2), 98-115.
