*Violeta E. Arellano Ocaña / #PoderAMEXSI
Septiembre es conocido como el “mes de Protección Civil” en México, pero quizá no todos, sobre todo, los más jóvenes, no tengan claro de donde surge esta designación o incluso cómo es que inicia la Protección Civil en nuestro país, por lo que, a continuación, les comparto un poco de su historia.
Los antecedentes más antiguos están en la mitología prehispánica, capturada por los cronistas del siglo XVI, en las que se da una gran importancia a los sismos, huracanes e inundaciones, destacándose que “el inicio de la edad que vivimos se originó por un gran sismo que sepultó a los pobladores originales, los míticos gigantes quinametin”. Fernando de Alba menciona la destrucción de la ciudad de Cholula por un terrible huracán que había sido enviado por el dios Quetzalcóatl, según las creencias de los nativos. También existen crónicas que hablan sobre la inundación completa de Tenochtitlán en el noveno año del reinado de Moctezuma.
Durante el virreinato, poco después de la conquista, al fundarse la Ciudad de México en 1524, se elaboraron una serie de lineamientos administrativos, acordes a la importancia de la Nueva España, donde se pueden encontrar las primeras ordenanzas para los grupos de extinción de incendios en los años 1526 y 1527, organizados por grupos de indígenas dirigidos por un soldado español. En 1571, que las autoridades del Virreinato dieron a conocer el sistema de prevención a la población a través de las Cédulas Reales y Ordenanzas, aunque estas medidas tuvieron poco impacto para la sociedad de esa época.
El 28 de marzo al 3 de abril de 1787, siendo Virrey de la Nueva España Manuel Antonio Flórez Maldonado, se registró un gran terremoto de 8.6 grados de magnitud que golpeó principalmente a la capital del país, dando como resultado la aplicación de una serie de disposiciones en materia de seguridad y protección civil, entre ellas:
- Ley que imponía pena de muerte para quienes realizaran pillaje, debido al desamparo y desolación en que quedaron casas y tiendas.
- Se decretó la comparecencia de personal de médicos para atender a quien pidiera auxilio.
- Se dispuso de alimentos de las principales tiendas proveedoras de abarrotes, para que en la ciudad y sus cercanías no faltaran alimentos y/o víveres; cabe mencionar que los alimentos no eran regalados como en la actualidad, solamente el gobierno ordenaba precios bajos.
Este terremoto, provocó el mayor tsunami del que se tenga registro en México, el cual arrasó con las costas de Oaxaca y Guerrero. Hasta la fecha, no se tiene registro de alguna otra ola de más de 30 metros de altitud ni un sismo de esas magnitudes en este país.
En 1608 se construyó un túnel y de un canal a cielo abierto, que permitió drenar la cuenca de la Ciudad de México y, así, disminuir el peligro de inundaciones.
Ya en el siglo XVIII, en la todavía colonia española se instituyen los “serenos”, cuya responsabilidad era custodiar el orden por las noches, y actuaban como “apaga fuegos” en caso de que se presentara un incendio, dando también la alarma a la población por medio de un silbato en caso de que se presentara una calamidad.
El 28 de marzo de 1787 se registró un fuerte sismo en la Ciudad de México, y el ayuntamiento dispuso que se distribuyera la ayuda para los afectados y las víctimas mediante una zonificación de la ciudad en 9 cuarteles (en 1985 la Ciudad de México también se dividió en 9 sectores para su ayuda).
En septiembre de 1790, es emitido el Reglamento del Virrey Conde de Revillagigedo para “precaver y extinguir incendios en México”, modificado el 29 de febrero de 1812.
En la Época de la Independencia se crea la Secretaría de Estado, nacida en 1821, y el Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que pasa en 1841 al Ministerio de Relaciones.
En el decreto de 1853, se destacan como atribuciones de la Secretaría de Estado y Gobernación, las de atender “Pestes, medios preventivos y socorros públicos cuando las haya, así como vacunas, su conservación y preparación”. Asimismo, en un Decreto del Presidente Benito Juárez, se le atribuye a esta Secretaría “la policía de salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y salas de asilo”.
El 11 de diciembre de 1871, todavía durante la administración del Presidente Benito Juárez, se crea el primer Cuerpo de Bomberos organizado y profesionalizado para atender a la Ciudad de México, a consecuencia de un incendio en la “plaza del volador”, donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así mismo, se llevaron a cabo programas destinados a la “vigilancia y auxilio a vecinos en caso de siniestros”, mismos que quedaron suspendidos después de la muerte del Benemérito de las Américas.
El 28 de junio de 1888 la Cámara de Diputados decreta la instalación de la junta Directiva de Socorros, debido a la inundación en León, Guanajuato, que cobró más de 250 muertos, 1,450 desaparecidos y 5,000 familias afectadas seriamente. Las crónicas de esa época registran que la sociedad civil dio una respuesta de gran solidaridad a la población afectada.
El 5 de julio de 1909 se organiza la primera Mesa Directiva de la Cruz Roja. Su emblema aparece por vez primera en las inundaciones de Monterrey de ese mismo año y en 1911, el 7 de junio, día que entra Madero a la Ciudad de México, cuando un temblor de 7.8° Richter sacudió a la capital.
El 2 de enero de 1922, es publicado el primer reglamento de Bomberos para la Ciudad de México, el cual define el marco de labor de esa heroica institución.
Existe un dato, poco publicado y casi desconocido. Con motivo de la declaración de guerra que hace México a los países del Eje (Roma-Berlín-Tokio), el 13 de agosto de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación que el Gobierno de la República decreta que “Se instituye en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos la Defensa Civil como un medio que debe poner en práctica la población misma, en cooperación con las Autoridades Civiles y Militares, contra todo acto que lesione la soberanía, la integridad, el orden y la seguridad nacionales”
Tal Decreto constaba de 27 artículos y tres transitorios, para proteger a la población en caso de presentarse una emergencia por causa de la guerra. Esta protección consistía en defensa activa, a cargo de las autoridades y defensa pasiva, a cargo de la población civil, bajo el control directo del Estado Mayor Presidencial. La defensa pasiva consistía en adoptar medidas preventivas mediante el establecimiento de Comités de Protección Civil en las poblaciones con más de 10,000 habitantes, los cuales deberían estar integrados por un jefe del Comité y vecinos.
Este Decreto, posteriormente, se deroga por otro, fechado el 15 de octubre de 1945, “habiendo desaparecido la posibilidad de una agresión, en virtud de la victoria alcanzada por las Naciones Unidas, contra los países totalitarios”, por lo que se acaba el peligro de una agresión de carácter bélico.
Históricamente, en cuanto a desastres, en México siempre ha habido una actitud reactiva a consecuencia de una catástrofe importante: en 1960 se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, después del terremoto del 28 de julio de 1957 en el que se dañaron más de 1,000 edificios y la pérdida económica fue mayor a 20 millones de dólares. A causa de las inundaciones por el desbordamiento del Río Pánuco en Veracruz y Tamaulipas en 1966 se establece el Plan de Emergencia Federal del Ejército Mexicano, o sea el DN-III- E.
En mayo de 1972, siendo Presidente de la República Luis Echeverría, se crea la Comisión Permanente de Auxilio para el Distrito Federal en casos de Siniestro, a consecuencia de un incendio que afectó a las Delegaciones Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán.
En 1979, México se une al esfuerzo internacional de la protección civil, para mitigar los daños y efectos que pudieran producir los desastres naturales o aquellos provocados por el hombre, a diferencia de los esquemas de defensa civil que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial en los países europeos que vivieron el conflicto. Desafortunadamente, en nuestro país se tomó más como un proceso reactivo que proactivo o preventivo, lo que en muchas ocasiones ha provocado grandes pérdidas de dinero, retrocesos económicos y sociales.
El Departamento del Distrito Federal, crea en 1981 el Sistema de Protección y Restablecimiento, el SIPROR, cuyo objetivo de inicio era “Participar común y solidariamente para afianzar el sentido social de la función pública de Protección Civil y garantizar la seguridad de los habitantes de esta ciudad y sus bienes”.
Sin embargo, la Protección Civil en México, tal y como la conocemos ahora, surge como una respuesta social y, posteriormente gubernamental, resultante de una serie de acontecimientos como la erupción del volcán Chichonal, el 28 de marzo de 1982; la explosión de la gasera en San Juan Ixhuatepec, el 19 de noviembre 1984 y los sismos del 19 y 20 de septiembre 1985 (magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente).
El número preciso de muertos, heridos y daños materiales resultantes de estos sismos, nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. Aunque 3,192 personas fallecidas fue la cifra oficial, los cálculos de algunas organizaciones hablan entre 10 y 20 mil.
Ante la nula respuesta del gobierno, una inmensa cantidad de personas se volcaron a las calles para escarbar entre los escombros, buscar y rescatar personas atrapadas, así como restos de quienes no lograron sobrevivir. Durante semanas, la gente común, con una solidaridad muy real, tomó el control y creó enormes cadenas humanas para llevar ayuda a los damnificados.
En cuanto a otras pérdidas, se ha calculado 8 mil millones de dólares, 250 mil personas sin casa y aproximadamente 900 mil se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre, y la de remoción de escombros, incluso hasta diez años después (1995). En 2017, aún existían campamentos derivados de estos dos sismos.
Después de este evento, el desarrollo de la Protección Civil se intensifica como reacción a los efectos de esta catástrofe y los reclamos sociales, a pesar de que desde 1982 el Senado de la República ya había adoptado la adición al Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que da origen a la Protección Civil formal en nivel internacional.
La población civil, con la escasa organización de un gobierno federal, rebasado en su competencia y capacidades, empieza a reorganizar y reconstruir la ciudad, formando comisiones, comités y subcomités para el establecimiento de una Comisión Nacional de Reconstrucción, con representación del gobierno federal, gobiernos estatales, la sociedad civil y el sector privado, con la misión de coordinar trabajos de recuperación y reconstrucción, y sentar las primeras bases para crear un Sistema Nacional, mediante un enfoque de la gestión de riesgos.
Como consecuencia de la creación del Sistema Nacional, los demás niveles de gobierno establecieron sus propios sistemas de protección civil, basándose en el modelo nacional.
El establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha permitido contar, desde el 6 de mayo de 1986 y por vez primera en la historia de México, con un marco legal, institucional y operativo para afrontar en forma integral esta problemática.
El Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por el Presidente de la República, su gabinete legal y ampliado, los gobernadores de los 31 estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se instala y reúne por vez primera, desde la creación del SINAPROC, el 28 de mayo de 2012, y se comienza con un nuevo esquema para establecer las directrices de la aplicación de políticas de protección civil en el país y definir los programas y políticas transversales de la materia. La Coordinación Nacional de Protección Civil, es quien coordina la instrumentación de los programas y políticas del Sistema Nacional.
Podemos ver que la historia de la Protección Civil en México es larga y ha evolucionado pasando de ser reactiva, a orientar sus esfuerzos a la prevención y la gestión integral de riesgos.
Hemos logrado grandes avances, sin embargo, siempre habrá retos que afrontar. Uno de los más grandes es promover que como sociedad, tenemos la responsabilidad de conocer y aplicar la normatividad existente para consolidar una cultura generalizada de educación y prevención.
La Protección Civil la hacemos TODOS.
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